La caótica historia de las comisiones militares de Guantánamo
24 de marzo de 2014
Andy Worthington
Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 5 de septiembre de 2023
Recientemente, un amigo me pidió información sobre todos los presos de Guantánamo que han sido
propuestos para juicios ante comisiones militares en Guantánamo y, tras
emprender una búsqueda en Internet, me di cuenta de que no podía encontrar ni
un solo lugar en el que se enumeraran todos los presos que han sido acusados en
las tres versiones de las comisiones que han existido desde 2001, ni el número
total de hombres acusados.
En consecuencia, decidí que sería útil investigar un poco y proporcionar una lista de todos los
hombres acusados -un total de 30, según parece-, así como proporcionar algunas
actualizaciones sobre las comisiones, que he estado cubriendo desde 2006, pero
sobre las que no he informado desde octubre. La
lista completa de todos los acusados en las comisiones militares está aquí,
y la actualizaré periódicamente. Siga leyendo para conocer una breve historia
de las comisiones y mi análisis de lo ocurrido en los últimos meses.
Las comisiones fueron sacadas de los libros de historia por Dick Cheney el 13 de noviembre de 2001,
cuando se emitió sigilosamente una Orden Militar autorizando la creación de las
comisiones casi sin supervisión, como
expliqué en un artículo en junio de 2007, mientras el Washington
Post publicaba una importante serie sobre Cheney
por Barton Gellman (el autor de Angler, un libro posterior sobre Cheney) y Jo
Becker. De manera alarmante, como expliqué en ese artículo, la orden
"despojaba a los sospechosos de terrorismo extranjeros del acceso a
cualquier tribunal, autorizaba su encarcelamiento indefinido sin cargos, y
también autorizaba la creación de 'Comisiones Militares', ante las cuales
podían ser juzgados utilizando pruebas secretas", incluyendo pruebas
obtenidas mediante el uso de la tortura.
Las comisiones militares de Cheney, que incluían diversas audiencias caóticas previas al
juicio pero no juicios, duraron hasta el 28 de junio de 2006, cuando, en el
caso Hamdan
v. Rumsfeld, una impugnación presentada por uno de los diez hombres acusados (Salim Hamdan, un yemení que había aceptado un
trabajo remunerado como uno de los chóferes de Osama bin Laden), el Corte
Supremo dictaminó que las comisiones carecían de "facultades para proceder
porque sus estructuras y procedimientos violan tanto el Código Uniforme de
Justicia Militar como los cuatro Convenios
de Ginebra firmados en 1949".
Casi inmediatamente, sin embargo, la administración Bush respondió negociando con el Congreso la
puesta en marcha de una nueva versión de las comisiones, y el resultado fue la
Ley de Comisiones
Militares de 2006. Entre febrero de 2007 y diciembre de 2008, 27 presos
fueron acusados en las comisiones militares (incluidos nueve de los diez
hombres acusados anteriormente), aunque sólo tres casos llegaron a juicio:
David Hicks en marzo de 2007, Salim Hamdan en julio de 2008 y Ali Hamza
al-Bahlul en octubre de 2008. Para un breve resumen de la mayoría de estas
historias, véase mi artículo de noviembre de 2008, "20
razones para cerrar los juicios de Guantánamo".
Cuando el presidente Obama tomó posesión de su cargo en enero de 2009, suspendió inicialmente las
comisiones, pero en un discurso pronunciado en mayo de 2009 anunció que volvían
a estar sobre la mesa. A continuación, trabajó con el Congreso para
reactivarlas, y el resultado fue la Ley de Comisiones Militares de 2009. Según
anunció el fiscal general Eric Holder en noviembre de 2009, bajo la
administración Obama se iban a celebrar dos tipos de juicios: en un tribunal
federal, para los cinco hombres acusados de participar en los atentados del
11-S, y en las comisiones militares. Sin embargo, cuando la administración
recibió críticas por planear celebrar el juicio del 11-S en Nueva York, el
presidente Obama abandonó
los planes, y Jalid Sheij Mohammed y sus cuatro coacusados (todos ellos
acusados de participar en los atentados del 11-S) volvieron
a ser acusados en las comisiones militares.
Las comisiones militares tampoco estaban exentas de problemas. Altos funcionarios de la
administración Obama habían comunicado al Congreso (véanse aquí y aquí) que
determinados cargos designados como crímenes de guerra en la MCA de 2006, y
previstos para la versión de 2009 -proporcionar apoyo material al terrorismo y,
posiblemente, conspiración- no se consideraban crímenes de guerra, y
probablemente serían anulados en apelación. El Congreso no tuvo en cuenta el
consejo, pero eso fue lo que ocurrió en octubre de 2012, en otra victoria para
Salim Hamdan, cuando
se anuló su condena, y en enero de 2013 también se anuló
la condena de Ali Hamza al-Bahlul. El gobierno ha apelado, pero el efecto
ha sido que los militares han admitido que el número total de presos que se
enfrentarán a juicios ante comisiones militares (o que ya se han enfrentado a
juicios) de los 779 hombres recluidos desde que se abrió la prisión, es poco
probable que supere
los 20. De hecho, según las estimaciones
actuales, no serán más de los 15 ya acusados y/o condenados.
Retrasos en el juicio del 11-S, desafíos en el juicio de Abd al-Rahim al-Nashiri
Desde mi
último artículo sobre las comisiones (En octubre de 2013), los avances han
sido tan dolorosamente lentos como de costumbre en las etapas previas al juicio
del 11-S (para cinco hombres, incluido Khalid Sheikh Mohammed), y el juicio de
Abd al-Rahim al-Nashiri (acusado de ser el cerebro del ataque contra el USS
Cole en 2000). Los seis hombres estuvieron detenidos durante años en
"sitios negros" de la CIA, donde fueron sometidos a tortura, lo que,
por supuesto, hace improbable un juicio justo y abierto, y ha dado lugar a un
prolongado juego del gato y el ratón, en el que el gobierno intenta suprimir
toda mención a la tortura, mientras que los equipos de defensa tratan de
sacarla a la luz.
En diciembre, Ramzi bin al-Shibh, uno de los cinco presuntos co-conspiradores del 11-S, fue expulsado
dos veces de la sala del tribunal por interrupciones: en la primera ocasión
gritó: "¡Esto es tortura! Tenéis que parar la privación de sueño y los
ruidos". Esto dio lugar a dudas sobre su competencia mental, pero
no se habían abordado hasta el 31 de enero de este año, porque se negó a
hablar con una junta de salud mental cuyos miembros dijeron al juez que, por
tanto, no sabían si estaba en condiciones de ser juzgado. En consecuencia, el
juez, coronel del ejército James L. Pohl, se vio obligado a aplazar la
siguiente ronda de vistas, prevista para febrero, cuando sólo se celebraron las
de al-Nashiri.
Las vistas se desbarataron de inmediato cuando al-Nashiri amenazó
con despedir a su abogado civil, Rick Kammen. Dos días después, se
disculpó, diciendo al juez Pohl: "Creo que estamos aquí en un tribunal
único y muy extraño", y quejándose de que "sus abogados asisten a
audiencias secretas previas al juicio y tienen prohibido contarle 'lo que
ocurrió durante esas sesiones cerradas y clasificadas'", como lo describió
el Miami Herald.
Después de esto, los abogados discutieron
sobre el uso de pruebas de oídas, celebraron una reunión
secreta con el juez sobre los "sitios negros" de la CIA,
intentaron que se desestimara
la pena de muerte en caso de condena por el uso de pruebas secretas que
al-Nashiri no puede ver, y celebraron otra
reunión secreta con el juez para discutir el uso de información
clasificada. Al final de todo, el juez Pohl fijó
la fecha del 4 de diciembre para el comienzo del juicio, aunque está por
ver si esa fecha se mantendrá.
Acuerdo de culpabilidad de Ahmed al-Darbi
En los dos últimos meses, sin embargo, el acontecimiento más significativo ha sido el anuncio de
un acuerdo de culpabilidad aceptado por Ahmed al-Darbi, preso saudí, acusado en
la segunda y tercera versiones de las comisiones, que fue aprehendido en
Azerbaiyán en junio de 2002 y recluido en un "sitio negro" de la CIA
en Afganistán antes de su llegada a Guantánamo. Una declaración de al-Darbi
sobre su tortura se encuentra aquí.
Como informó el New York Times, el 20 de febrero, al-Darbi se declaró culpable ante una comisión
militar de cargos relacionados con su participación en un atentado de Al-Qaeda
en 2002 contra un petrolero francés, el MV Limburg, frente a la costa de Yemen,
en el que murió un miembro de la tripulación. Según el acuerdo de culpabilidad,
"pasará al menos tres años y medio más en Guantánamo antes de ser
condenado", y entonces probablemente será trasladado a Arabia Saudíta para
cumplir el resto de una condena que se espera que sea de entre nueve y 15 años,
"dependiendo de su comportamiento bajo custodia", como lo describió
el New York Times.
A cambio de esta condena (que, con los 12 años que ya ha pasado en prisión preventiva, ascenderá
a entre 21 y 27 años de prisión preventiva en total), al-Darbi ha accedido a
cooperar con los fiscales, y se espera que testifique contra Abd al-Rahim
al-Nashiri, que actualmente se enfrenta a vistas previas al juicio, y está
acusado de ser el cerebro de otro ataque contra un buque, en este caso el USS
Cole, que fue atacado en 2000, con la pérdida de 17 vidas estadounidenses.
"En un giro", como lo describió el New York Times, al-Darbi "ya
estaba en Guantánamo cuando el MV Limburg fue atacado". El juez, el
coronel de la Fuerza Aérea Mark Allred, lo reconoció, pero dijo que no había
diferencia. "Obviamente usted no estaba allí, estaba en otro lugar",
dijo. "Pero los autores materiales estaban allí, y usted es responsable de
sus acciones como principal".
The New York Times también señaló que, al aceptar un acuerdo con la fiscalía, al-Darbi había
"desperdiciado la oportunidad de argumentar que un buque francés en Yemen
en 2002 estaba fuera
del ámbito del conflicto armado estadounidense con Al-Qaeda y que, de ser
así, sólo podría ser procesado en un juicio penal civil, no en un tribunal
militar estadounidense". Esto podría haber supuesto un reto importante -y
es lo que está haciendo Abd al-Rahim al-Nashiri-, pero creo que es comprensible
que al-Darbi haya optado por un acuerdo con la fiscalía, ya que ha demostrado
ser la forma más fiable de salir de Guantánamo, en claro contraste con la
difícil situación de los 75
hombres cuya puesta en libertad aprobó un grupo de trabajo
interinstitucional hace más de cuatro años, pero que siguen detenidos, o de los
otros 69 a los que no está previsto juzgar, que están
a la espera de que las juntas de revisión les digan si también se debe aprobar
su puesta en libertad.
La polémica adición de conspiración a los cargos contra Abd al-Hadi al-Iraqi
La semana anterior al acuerdo de culpabilidad de Ahmed al-Darbi, la única otra
novedad significativa de los últimos tiempos fue el anuncio sobre el último
preso acusado, Abd al-Hadi al-Iraqi, que fue trasladado a Guantánamo desde una
instalación de la CIA no identificada en abril de 2007, y está considerado un
"detenido de alto valor".
Al-Iraqi es uno
de los seis únicos presos trasladados a Guantánamo desde que 14
"detenidos de alto valor" (incluidos los cinco coacusados del 11-S y
Abd al-Rahim al-Nashiri) fueron trasladados a la prisión desde el "sitio
negro" de la CIA en septiembre de 2006. Presunto enlace de alto nivel
entre Al Qaeda y los insurgentes en Irak, fue
acusado el pasado mes de junio, pero el 3 de febrero los fiscales añadieron
un cargo de conspiración a los ya existentes.
Se trataba de una medida polémica porque, cuando el Tribunal de Circuito de Washington D.C. anuló
la condena contra Ali Hamza al-Bahlul en enero de 2013, los jueces anularon
específicamente no sólo el cargo de proporcionar apoyo material al terrorismo,
sino también el de conspiración, "basándose en que el cargo no estaba reconocido
por las leyes internacionales de la guerra", como explicó el New York Times.
El Times añadió: "La administración Obama ha apelado,
pero si la sentencia se mantiene, socava fuertemente la utilidad de los
tribunales -en contraposición a los tribunales civiles- para condenar a prisión
a personas que participaron en grupos terroristas pero que no están
personalmente vinculadas a ningún atentado específico."
En mi opinión, parece prematuro -o quizá arrogante- que los fiscales presenten una acusación de
conspiración cuando ésta ha sido anulada por el Tribunal del Circuito de
Washington D.C. (que no tiene fama de ser un tribunal liberal). Además,
al-Iraqi querrá sin duda cuestionar que las comisiones puedan juzgar conductas
que tuvieron lugar antes de la aprobación de la Ley de Comisiones Militares en 2006.
Dado el éxito de la apelación de al-Bahlul, que desestimó la acusación de conspiración en su caso,
sólo puedo preguntarme si, dado que al-Iraqi no llegó a Guantánamo hasta abril
de 2007, los fiscales esperan acusarle de delitos que tuvieron lugar entre la
aprobación de la MCA de 2006 y su captura, aunque eso parece una pequeña
ventana de oportunidad, además de poco fiable, ya que la conspiración sigue
siendo una acusación dudosa en un foro de crímenes de guerra.
La ironía, por supuesto, es que la semana pasada Sulaiman Abu Ghaith, un kuwaití que actuó brevemente como portavoz de Al Qaeda
inmediatamente después de los atentados del 11-S, y que luego fue sometido a
una forma de arresto domiciliario durante 10 años por el gobierno iraní, fue declarado
culpable en un tribunal federal de Nueva York de cargos que incluyen
conspiración, por los que bien podría
recibir cadena perpetua. En consecuencia, cualquiera que preste atención y
busque castigos severos para los presuntos implicados en Al Qaeda, me parece
que haría mejor en presionar para que se supriman -de nuevo- las comisiones y
que, en su lugar, los que puedan ser realmente acusados de delitos sean
juzgados en tribunales federales del territorio continental de Estados Unidos.
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